La empresa del teléfono de la campaña de la renta, multada por hacer un ERE encubierto

ERES encubiertos, consultoras cárnicas, despidos ilegales a trabajadoras, cesiones ilegales de trabajadores… las contratas con la Administración aparecen en los medios plagadas de empresas tramposas. En este caso ha intervenido la Inspección de Trabajo pero ¿es eso algo normal? Debería serlo. No solo con este gobierno, con todos.

Si la pseudoesclavitud, porque en el momento que se desprecian los derechos de los trabajadores nos acercamos a la esclavitud, debe ser perseguida y sancionada siempre, mucho más cuando la empresa en cuestión está beneficiándose de un contrato pagado con dinero público.

No puede permitirse que haya varios niveles de derechos laborales, en función de la clase de empresa a la que hayas podido acceder, y eso es lo que está sucediendo.

Es habitual que en una empresa convivan trabajadores de la misma categoría práctica pero con consideraciones tanto en nómina como en cuanto a trato muy distintas, si eres de la casa o eres “un externo”. Y externo, pero en casa, puedes estar toda tu vida. Es ilegal, y sobre todo, es injusto.

Pero si duele siempre, duele mucho más cuando la Administración está en medio. ¿Qué puede llevar al responsable de un determinado contrato a aceptar de buen grado situaciones como esta? Porque alguien tiene que estar saliendo beneficiado, si no ¿para qué?

Nos quejamos de la pérdida de confianza en las Instituciones. Pero es que las Instituciones han de ser confiables. Las Instituciones no pueden facilitar la aceptación de fraudes, no pueden facilitar el que haya ciudadanos, trabajadores, de primera y de segunda. Es más, tienen que asegurarse de todo lo contrario, porque si no, ni tienen sentido ni merecen esa confianza que exigen.

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